- El estudio plantea cómo atribuir responsabilidad por crímenes de guerra cuando las decisiones de ataque son tomadas por sistemas de inteligencia artificial.
El académico del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad de La Frontera, Dr. Marcos Aravena Flores, publicó recientemente un artículo en la Revista Justicia de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla (Colombia). El trabajo, desarrollado en el marco de la línea de investigación Derecho Penal e Inteligencia Artificial de la UFRO, se titula “Brecha de responsabilidad penal internacional derivada del uso de sistemas autónomos de armas letales: estudio sobre la configuración de crimen de guerra” y aborda una problemática de creciente relevancia para el Derecho Penal Internacional.
La investigación parte de una constatación: los sistemas autónomos de armas letales (SAAL) pueden identificar, seleccionar y atacar objetivos sin intervención humana directa. Esa autonomía difumina la relación entre la decisión humana y el resultado producido, lo que dificulta determinar quién debe responder cuando ocurren ataques indiscriminados o infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), más aún en ausencia de una normativa específica que regule estas armas.
Se trata de un debate de alcance global. El artículo recoge las resoluciones de la Asamblea General de la ONU sobre la materia y el llamamiento de Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja para avanzar hacia un instrumento jurídicamente vinculante, y busca aportar una respuesta desde la dogmática penal internacional.
Principales hallazgos
Según el estudio, estos sistemas enfrentan serias dificultades para cumplir los principios de distinción, precaución y proporcionalidad del derecho internacional humanitario, lo que aumenta el riesgo de ataques indiscriminados. Frente a ello, el académico sostiene que la responsabilidad no puede recaer en las máquinas, sino en las personas: dado que el Estatuto de Roma establece jurisdicción solo sobre personas físicas, la imputación debe dirigirse a operadores, programadores y comandantes.
En ese marco, el artículo plantea que los ataques indiscriminados cometidos por estos sistemas pueden configurar el crimen de guerra de dirigir ataques contra la población civil, previsto en el artículo 8.2.b.i del Estatuto de Roma. Para enfrentar la dificultad de acreditar la intención directa, propone además extender la responsabilidad a título de dolo eventual a quienes despliegan estos sistemas con indiferencia consciente ante el riesgo de que se produzca un ataque indiscriminado.
Una propuesta de interpretación, no de prohibición
Frente a la discusión entre prohibir estas tecnologías o limitarse a constatar vacíos legales, el académico propone un camino intermedio: reinterpretar las categorías del Derecho Penal Internacional vigente para que puedan hacerse cargo de las particularidades de estos sistemas. Con ello, plantea, es posible atribuir responsabilidad por crímenes de guerra sin frenar el desarrollo tecnológico y sin dejar espacios de impunidad. El estudio deja abierta como tarea pendiente profundizar en la responsabilidad específica de los comandantes.
Para el Dr. Marcos Aravena Flores, uno de los principales desafíos jurídicos consiste en evitar que el avance tecnológico genere brechas de responsabilidad penal. “Cuando un sistema de armas autónomo ejecuta un ataque indiscriminado, la intervención de la tecnología no excluye, por sí misma, la posibilidad de atribuir responsabilidad penal a los agentes humanos involucrados. El desafío consiste en establecer criterios que permitan dirigir la imputación hacia los operadores, programadores y superiores jerárquicos que intervienen en las distintas etapas del ciclo de vida del arma”, señala el investigador, cuyo estudio identifica la necesidad de profundizar en los criterios de atribución de responsabilidad penal de los comandantes militares.
Sobre la publicación
La Revista Justicia es una publicación científica internacional especializada en ciencias jurídicas y sociales, indexada en Scopus y clasificada en el cuartil Q2 del ranking SCImago Journal & Country Rank (SJR, 2025). Además, se encuentra en SciELO, Web of Science (Emerging Sources Citation Index), DOAJ, EBSCO, Latindex y Publindex.
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Natalia Riquelme Espinoza
Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales
