Las pérdidas del Fondo E dejan una pregunta incómoda sobre la mesa: ¿las AFP hicieron todo lo necesario para proteger los ahorros de sus afiliados o asumieron riesgos que terminaron pagando quienes menos podían anticiparlos?
No se trata de exigir que las inversiones siempre den ganancias. Eso sería desconocer cómo funcionan los mercados. El problema es otro: saber si las decisiones que llevaron a estas pérdidas fueron razonables, si los riesgos se evaluaron bien y si existían señales que debieron encender las alertas antes.
La ley exige a las AFP actuar con diligencia y lealtad, resguardando la rentabilidad y seguridad de los fondos. En simple, su obligación no es evitar cualquier pérdida, sino administrar los ahorros pensando en el interés de los afiliados. Y ahí aparece una cuestión que merece discutirse.
Las administradoras deben cuidar las pensiones, pero también compiten entre ellas, se comparan por resultados y buscan no quedar rezagadas. ¿Hasta qué punto esa presión puede llevarlas a seguir estrategias similares, incluso cuando los riesgos empiezan a acumularse? No hay que dar por hecho que eso ocurrió, pero tampoco parece una pregunta que debamos dejar de lado.
El uso de derivados financieros, por sí mismo, no constituye una mala práctica. Son instrumentos legítimos y pueden cumplir un papel en la gestión de inversiones. Distinto sería que se hubieran tomado posiciones importantes sin medir adecuadamente sus posibles pérdidas, sin contar con resguardos suficientes frente a escenarios adversos o sin prever las necesidades de liquidez. Si hubo advertencias internas que no se atendieron, o controles que fallaron, la discusión sería aún más seria.
También cabe la posibilidad de que las decisiones estuvieran técnicamente justificadas y que las pérdidas respondieran a movimientos de mercado difíciles de anticipar. Por eso, perder dinero no demuestra automáticamente negligencia. Pero cumplir formalmente las reglas tampoco basta, por sí solo, para despejar todas las dudas.
Lo que corresponde ahora es responder preguntas concretas: ¿por qué se tomaron estas posiciones?, ¿qué escenarios se evaluaron?, ¿qué riesgos se consideraron aceptables y quién los autorizó?, ¿se atendieron las alertas disponibles? Y hay una pregunta de fondo: ¿las decisiones se tomaron pensando primero en los afiliados o también pesó la presión por no mostrar resultados peores que los de otras AFP?
De esta experiencia deben salir lecciones. Las administradoras tienen que explicar sus decisiones y demostrar que los riesgos fueron evaluados con seriedad. El regulador debe investigar lo ocurrido y establecer responsabilidades si corresponde. Y la regulación debería revisar si los incentivos actuales promueven una gestión prudente o empujan a las AFP a seguir estrategias parecidas, incluso cuando eso no sea lo mejor para los ahorros previsionales.
Porque el deber fiduciario no consiste en garantizar que nunca habrá pérdidas. Consiste en poder demostrar que los riesgos asumidos tenían una justificación y que se actuó pensando en los afiliados. En el Fondo E, esta prueba aún está pendiente.
Patricio Ramírez R.
Coordinador Observatorio Económico Social FCJE
Director de carrera Ingeniería Comercial
Universidad de La Frontera
