Magistrados(as) y Carrera de Derecho de FCJE debatieron los aspectos actuales sobre Derecho de Familia

El viernes 8 de julio, a partir de las 16.00 horas, en el auditórium Gabriela Mistral, se desarrolló el Seminario: Aspectos Actuales de Derecho de Familia”, organizado gracias a las gestiones de la Asociación Regional de Magistradas y Magistrados de Malleco-Cautín, integrada por funcionarias(os) judiciales que se vinculan con la Escuela y la Carrera de Derecho de la Universidad de La Frontera, en donde ejercen docencia en algunas de sus asignaturas.

La actividad tuvo modalidad híbrida y contó con la asistencia de nuestros estudiantes, académicas(os), magistradas(os), y también del equipo de la Clínica Jurídica de la Ufro.

En esta oportunidad, se trataron temáticas acerca de la implementación y aplicación de las Leyes N° 21.334, sobre la determinación del orden de los apellidos y N° 21.400 que regula, en igualdad de condiciones, el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El expositor fue el académico, Mg. Mauricio Tapia Rodríguez, profesor asociado del Departamento de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Finalmente, la académica del Departamento de Ciencias Jurídicas, Mg. Verónica Rosas Quintana, directora de la Escuela de Derecho, señaló que: “Sin duda el matrimonio igualitario generó mayor impacto por su significado y efectos, al reconocer para todas las personas el legítimo derecho a celebrar matrimonio sin exclusión de género, estableciendo un régimen jurídico que otorga dignidad y protección a diversas formas de constituir familia por la vía del matrimonio, considerando la integración de un segmento que estuvo altamente postergado, pues el Acuerdo de Unión Civil (AUC) no tiene el mismo estatus en su génesis ni cuando concluye, tampoco en los derechos que se reconocen a los convivientes civiles. 

En definitiva, si bien el AUC fue un primer paso y constituyó avances, no podemos sino rendirnos ante la evidencia de que el matrimonio igualitario, viene a romper con patrones arraigados y concretar un deber del Estado para la realización de las personas”.

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